El estado no está obligado a proporcionar cualquier clase de propiedad a las personas. En cambio está obligado a proteger el derecho existente a la propiedad. Las tres grandes convenciones regionales sobre los derechos humanos garantizan a todas las personas el derecho de adquirir libremente objetos en propiedad y a disponer libremente de ellos. El derecho internacional humanitario protege la propiedad civil en caso de conflictos armados. No obstante, complejas cuestiones sobre la propiedad surgen en el caso de las reformas agrarias a del aprovechamiento comercial de los tradicionales territorios de los pueblos indígenas. Un convenio de la Organización Internacional del Trabajo apela a los Estados para que tengan en cuenta y protejan los derechos de propiedad u de posesión de los pueblos indígenas.
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